EL MILITANTE SALTA – POR ERNESTO BISCEGLIA.– Si bien el tema de la Justicia Social tiene un tronco y puede diversificarse en tantas ramas como se desee profundizar, ya desde una óptica de filosofía política o incluso de inspiración cristiana, por ejemplo, centraremos en esta oportunidad la cuestión en la influencia de la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sobre este concepto tan peronista de la Justicia Social.

A nuestro entender, el Estado debe ser decididamente y enfáticamente liberal y laico. La separación de la Iglesia Católica del Estado es un principio liminar para permitir el progreso de los pueblos. Sin embargo, por más alto que sea el grado de liberalismo que se pretenda imponer en un Estado, es imposible y sociológicamente suicida, prescindir de políticas que promuevan una verdadera Justicia Social.

Es que hallamos una contradicción entre el primer principio del Estado liberal, cual es la protección de la Vida y la negación de la Justicia Social, toda vez que ésta última debe atender a la salud, a la educación y a la seguridad como políticas esenciales para defender la existencia del individuo. Porque, sin salud, hay mortalidad infantil y degradación de la maternidad, los ciudadanos que experimentan hambre en sus estadios iniciales de vida tienen hipotecado su futuro por las consecuencias irreversibles de la mala alimentación infanto-juvenil.

Sin educación, el país se convierte en un inmenso corral de asnos, de semianalfabetos, donde se termina privilegiando la educación de los que pueden antes de la de los que quieren. La educación pública es un pilar insoslayable del Estado y luego, un postulado primario de la Justicia Social.

Sin seguridad, se ve amenazada la vida y el segundo y tercer postulado del liberalismo: la libertad y la propiedad. La ausencia de una verdadera Justicia Social abre las puertas a un estado latente de criminalidad generalizada.

Luego, si el liberalismo es una teoría que busca el desarrollo integral del hombre en una comunidad organizada, la esencia de la Justicia Social implica la búsqueda de la equidad, la igualdad de oportunidades y la distribución justa de recursos en la sociedad. Entendemos así que no hay liberalismo auténtico sin la consideración empática del otro, del “alter ego”. Desde una perspectiva liberal, la Justicia Social puede ser vista como un marco para abordar las desigualdades y promover políticas que protejan los derechos individuales y fomenten la movilidad social. Nunca lo contrario.

Es decir, que esta realidad de la Justicia Social, atraviesa todo el plexo político, incluso dentro de las corrientes conservadoras hay un reconocimiento de la importancia de la justicia social en términos de promover la cohesión social y preservar las instituciones que protegen los derechos individuales y familiares. Basta leer y meditar el discurso que nunca llegó a pronunciar el fallido candidato a la presidencia en 1943, Robustiano Patrón Costas, un ícono del conservadorismo liberal para comprobar que se mencionaban allí postulados de alto tono social.

Es que un Estado liberal y las políticas de Justicia Social coinciden en principios fundamentales de la convivencia en comunidad como garantizar que todos los individuos tengan acceso a las mismas oportunidades y derechos básicos, independientemente de su origen social, económico o cultural.

Un sano liberalismo jamás puede ser extremo

El liberalismo extremo es la negación del propio sistema liberal porque consagra el individualismo egoísta y rompe la noción de solidaridad y de comunidad; de allí que el Estado puede -y debe- tener una visión liberal de la sociedad, pero jamás perder su calidad de garante del equilibrio de las relaciones sociales.

El verdadero liberalismo jamás puede negar al Estado porque hacerlo significa entregar el manejo de las relaciones sociales a entes privados, lo cual abriría la puerta a dos realidades extremas: el Estado sería privadamente autoritario y eso generaría inevitables conflictos entre los grupos sociales que conducirían al caos. En segundo lugar, es imposible negar la división de Poderes y el juego institucional que consagra a la República ¿Qué clase de liberalismo es ese?

La influencia de la Ilustración Francesa

La Revolución Francesa (1789), generó un Documento que es la base sobre la cual se edificó el Estado Nación moderno: La Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que sentó, precisamente, las bases para la concepción moderna de los derechos individuales y la Justicia Social.

Ya la Asamblea del Año XIII, se inspiró en aquellos principios de la Francia revolucionaria y liberal y más tarde, Juan Bautista Alberdi desarrollaría sus “Bases” sobre esos mismos postulados, que aderezados con los principios del liberalismo norteamericano le darían a este país una de las más evolucionadas Cartas Magnas de la época. En el articulado de la Constitución Nacional se hallan consignados los principios de la Justicia Social, que de otra manera y según la descripción de Domingo Faustino Sarmiento en “Facundo” en cuanto al fenotipo esencial del gaucho, este país hubiera sido imposible. Aún continuaríamos trenzados en una guerra civil inacabada o invadidos y colonizados. (Como ahora, pero brutalmente intervenidos).

Pensar un Estado liberal “in extremis”, lleva inevitablemente al individualismo, y eso es divorciar la ética de la política. Y aceptar esta instancia, es colocarnos en un estadio de degradación mayor al que ya estamos.

¿El peronismo, es liberal?

En su discurso, el peronismo se cubre de una pátina filosófica profundamente cristiana, que a su vez- y según Nos, obviamente-, encuentra en la frase joánica: “La Verdad os hará Libres” (Jn. 8, 32) el punto donde el cristianismo y su fuerza liberadora se cruza con el peronismo que pretendió ser también liberador del pueblo en lo político. No funcionó porque el problema no es el peronismo, sino los “peronistas”.

Atiéndase a que cuando decimos “peronistas”, no nos referimos a los verdaderos peronistas. O sea.

En síntesis, resulta inaceptable aún para los liberales de buen cuño, aceptar que el Estado deba ser destruido y con él, las políticas que determinan la Justicia Social. Que lo privado avanza más rápido y es más rentable que lo público, es verdad, pero jamás al costo de la desigualdad social.

Entonces, el Estado debe ser liberal. El Estado argentino particularmente fue fundado en esa matriz de pensamiento libre, pero el problema no es el Estado sino la corrupción en el Estado. El saqueo del Estado en beneficio de unos pocos. Y el otro problema es la permanencia “ad eternum” de los que saquearon a la cosa pública.

Si mermara la corrupción en la política, lo público sería tan eficiente que hubiera logrado resultados sociales altamente más beneficiosos y el país no estaría en el estado calamitoso en que se encuentra. –

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