EL MILITANTE SALTA – POR ERNESTO BISCEGLIA.- La reciente declaración de la vicepresidente Victoria Villarruel, anunciando la apertura de todas las causas contra los Montoneros, ha obrado como un derrame de combustible sobre el rescoldo de un fuego que quizás resulte conveniente apagar definitivamente.
El anuncio ha reavivado inmediatamente viejas heridas en un país que aún lidia con su pasado y aunque esto pueda interpretarse como un intento de justicia, levanta preguntas fundamentales sobre su conveniencia en el contexto actual y sobre el impacto que puede tener en la paz social. La historia reciente de Argentina está marcada profundamente por la violencia política de los años 70 y la posterior dictadura militar.
El rol de organizaciones como Montoneros y la represión brutal del Estado generaron una cicatriz profunda en la memoria colectiva. Sin embargo, la búsqueda de justicia siempre ha sido asimétrica y lamentablemente selectiva. Este nuevo impulso de Villarruel apuntaría a rectificar esa percepción, buscando lo que ella y sus seguidores consideran un equilibrio en el tratamiento judicial de los actores del pasado.
Miramos entonces hacia la Europa que en menos de 50 años vivió dos Guerras Mundiales, quedando esos países devastados hasta la médula, con gravísimas consecuencias económicas y sociales, pero que, sin embargo, en menos de veinte años -hacia los 70/80-, listaban entre las primeras naciones del mundo. Nuestra experiencia de campo entonces, nos enseñó que aquellos pueblos habían dejado atrás su pasado y miraban hacia adelante, prefiriendo construir aún sobre las heridas no resueltas en muchos casos.
La experiencia de Italia es emblemática, porque tuvieron que pelear contra los Aliados, los Nazis y entre ellos, divididos en Partisanos y Fascistas. Familias destrozadas por esas divisiones que hoy miran hacia aquello como episodios superados por el pasado: “Porque importa más el futuro; vivimos un presente y el pasado sólo es dolor”, dicen.
Sin embargo, en la Argentina parece formar parte del carácter esta costumbre de exhumar muertos para tirárselos al otro. Todavía discutimos divididos sobre el fusilamiento de Dorrego, del General Juan José Valle, y otros respiran odio por el asesinato del General Eugenio Aramburu. Todavía se factura el Bombardeo de Plaza de Mayo o los fusilamientos de León Suárez. ¿Tendrá que pasar toda esta generación para lograr una paz social?
La pregunta más lacerante es si este anuncio realmente contribuye a la paz social en un momento en el que el país enfrenta múltiples desafíos. Nos preguntamos sinceramente si hota mismo, cuando la Argentina atraviesa una crisis económica y social profunda, con niveles alarmantes de pobreza, desigualdad y fragmentación política; acaso, ¿En este contexto, la apertura de causas judiciales retroactivas beneficia la tranquilidad y el sosiego que la sociedad argentina necesita? 0 esta decisión corre el riesgo de convertirse en un foco de conflicto, reavivando divisiones que, aunque latentes, permanecen sensibles.
Villarruel y quienes apoyan su medida argumentan que la justicia debe ser pareja y que no puede haber impunidad para ningún sector. Desde esta perspectiva, abrir las causas contra Montoneros no es solo una cuestión de equidad judicial, sino también de reparación histórica para las víctimas del terrorismo. Sin embargo, el peligro reside en que este gesto sea interpretado como una revancha política más que como un acto de justicia genuina.
Nos alcanza el temor de que estemos de pronto, frente a una reacción a las políticas kirchneristas que no buscaron ni la justicia, ni la reparación histórica, sino la venganza lisa y llana. Lo pasado no fue poner las cosas en su lugar sino entronizar la revancha profundizando las heridas, distorsionando la historia y dejando el alma del país más ulcerada todavía.
¿Se busca realmente una justicia reparadora, o se trata de la imposición de una ideología de signo contrario a la del maléfico kirchnerismo? En la respuesta a este interrogante se halla nada menos que la paz social de la Argentina para por lo menos los próximos veinte años.
En una sociedad tan polarizada como la argentina, este tipo de iniciativas pueden inflamar las tensiones en lugar de apaciguarlas. La memoria histórica y la justicia transicional son terrenos delicados que requieren un manejo cuidadoso, basado en el consenso y el respeto mutuo. Abrir viejas causas sin una estrategia de reconciliación clara puede tener el efecto opuesto al deseado, generando resentimientos y desconfianza.
Además, la instrumentalización política de estos procesos judiciales resultará en desviar la atención de los problemas urgentes que enfrenta el país. Argentina necesita líderes que promuevan la unidad y que enfrenten los desafíos presentes con pragmatismo y visión de futuro. En este sentido, la prioridad debería ser la construcción de puentes y no la excavación de trincheras.
La paz social no se construye solo con justicia retroactiva, sino también con políticas que promuevan la inclusión, el diálogo y la construcción de un proyecto común. Aunque la verdad y la justicia son pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática, es vital considerar el contexto y las posibles consecuencias de abrir heridas históricas en momentos de vulnerabilidad nacional.
En conclusión, mientras que la apertura de causas contra Montoneros puede estar guiada por un sentido de justicia, la conveniencia de esta medida en el contexto actual es, cuando menos, discutible.
Puede quedarnos el sabor amargo de saber que los terroristas, que esos que secuestraron, asesinaron, torturaron y trataron de entregar el país al comunismo marxista y cubano, los que cometieron asesinatos viles de niños, de mujeres embarazadas, de ciudadanos inocentes alcanzados por una bomba con metralla, los que portaban las ametralladores en un coche con un bebé, los que volaron un Hércules C-130 con soldados conscriptos en Tucumán, los que volaron un edificio para matar a una adolescente de 15 años, los que secuestraron, torturaron durante un año y asesinaron ahorcando con un alambre al Coronel Argentino del Valle Larrabure, los que asesinaron dentro de una caja metálica, luego de meses de cautiverio al Teniente Coronel Jorge Roberto Ibarzábal, los que asesinaron al soldado Hermindo Luna en la toma del cuartel de Formosa y al cual partieron en dos con una metralla…, los que intentaron tomar y segregar como zona libre a la provincia de Tucumán…
La memoria de todos ellos, de los que, como nosotros, sentimos pasar cerca los disparos, escuchamos en las noches los estallidos de las bombas, los que vimos en las calles los vehículos sin patentes con “jóvenes idealistas” sacando sus armas largas por las ventanillas…, esa memoria exige reparación ¡Sin duda!
Reparación…, pero no revancha de nuevo.
El riesgo de avivar la polarización y de desviar la atención de los problemas urgentes del presente es real. Argentina necesita más que nunca cohesión social y una mirada hacia el futuro, y esto requiere un liderazgo que ponga en primer lugar la paz y el bienestar colectivo a través del diálogo que conduzca a un reencuentro, de un CONSENSO para que de una vez, pensemos el país de TODOS.
No más el país de la izquierda o el país de la derecha, sino por nosotros y para nuestra descendencia, el País de los Argentinos.