EL MILITANTE SALTA – REDACCIÓN. – En un momento en que la transparencia y el acceso a la información son esenciales para el fortalecimiento de la democracia, los recientes cambios en la Ley de Acceso a la Información Pública en Argentina representan un preocupante retroceso en los derechos constitucionales de los ciudadanos. La modificación de esta ley, que originalmente pretendía garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública, ahora establece nuevos límites que amenazan con socavar uno de los pilares fundamentales del sistema democrático: la posibilidad de fiscalizar al poder.
El Derecho a la Información: Un pilar democrático en Peligro
El derecho al acceso a la información pública es, ante todo, un derecho humano consagrado en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos con jerarquía constitucional en Argentina. Este derecho es un componente clave de la libertad de expresión y de prensa, ya que garantiza que los ciudadanos, los periodistas y la sociedad civil en su conjunto puedan acceder a información relevante sobre las acciones del gobierno y otros entes públicos.
Sin embargo, los nuevos límites introducidos en la Ley de Acceso a la Información Pública erosionan este derecho, restringiendo el acceso a ciertos tipos de información bajo pretextos de seguridad, privacidad o confidencialidad. Si bien estos principios pueden ser válidos en ciertos casos para proteger la integridad de datos sensibles, la vaguedad y la amplitud con la que están redactadas estas restricciones abren la puerta a la arbitrariedad y al abuso del poder discrecional del Estado.
Efectos directos en la transparencia y rendición de cuentas
La transparencia es esencial para que la ciudadanía pueda fiscalizar a la gestión pública, identificar posibles casos de corrupción, nepotismo o mala administración, y exigir las debidas responsabilidades. Al limitar el acceso a la información pública, el gobierno crea un velo de opacidad que facilita el ocultamiento de información crítica. Estas restricciones dificultan no solo el trabajo de los periodistas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra la corrupción, sino también el de los ciudadanos comunes que desean participar activamente en los asuntos públicos.
Además, la posibilidad de restringir la información sobre contratos, decisiones administrativas, y otros actos de gobierno bajo criterios ambiguos de “seguridad” o “confidencialidad” puede convertirse en un mecanismo efectivo para encubrir irregularidades y limitar la posibilidad de que sean reveladas y sancionadas. Esto genera un clima de desconfianza en las instituciones y reduce la calidad del debate democrático.
El riesgo de un Estado más opaco
La historia ha demostrado que el secretismo en la gestión pública suele ser el preludio de prácticas corruptas y de un ejercicio del poder cada vez más alejado de los principios democráticos. Con estas modificaciones, Argentina se arriesga a retroceder a épocas en las que el Estado operaba en la oscuridad, y la ciudadanía estaba privada de conocer las decisiones que afectaban su vida cotidiana.
La falta de transparencia y el debilitamiento del acceso a la información pública no solo afectan a quienes desean investigar y fiscalizar al gobierno, sino que también representan un golpe directo al principio de igualdad ante la ley y al derecho a la verdad. En una democracia, la información es poder, y restringir su acceso implica una concentración de ese poder en manos de unos pocos.
Un llamado a revertir los cambios y proteger los Derechos Ciudadanos
En un contexto donde los ciudadanos claman por más transparencia, participación y control sobre los asuntos públicos, cualquier modificación que restrinja el derecho al acceso a la información pública debe ser cuidadosamente revisada y justificada. Los principios democráticos exigen que la información sea accesible, comprensible y disponible para todos, sin excepciones injustificadas.
Es imperativo que los actores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos se unan para rechazar estos nuevos límites y exigir una ley que verdaderamente garantice el derecho constitucional al acceso a la información. Solo así podremos aspirar a un país más justo, transparente y democrático.
En conclusión, los nuevos límites a la Ley de Acceso a la Información Pública representan un retroceso significativo en materia de derechos constitucionales y democráticos en Argentina. El acceso a la información no debe ser un privilegio, sino un derecho esencial que fortalezca la democracia y permita a los ciudadanos ser verdaderos protagonistas en la construcción de una sociedad más justa y transparente.