El jueves pasado, Comodoro Py sorteó la denuncia del letrado Jeremías Rodríguez quien denunció que Juan Grabois manejó una asociación ilícita a través del Fondo de Integración Socio Urbana en la que se malversaron millones de pesos. Hasta el momento, la jueza federal Servini de Cubría y el fiscal Carlos Stornelli investigarán al “amigo papal”. Esta semana se conocerá si abren una investigación o derivan la denuncia al juzgado de Ariel Lijo que lleva adelante las pesquisas contra Grabois en otras causas. El paralelismo con la Causa Vialidad en la que terminó condenada Cristina Fernández de Kirchner.
El escrito de 84 carillas coloca, por primera vez, a la cabeza de una asociación ilícita a Juan Grabois. El ex candidato a Presidente de la Nación se defiende asegurando que nunca firmó un papel y que no tenía dominio de lo que sucedía en el Fondo de Integración Socio Urbana manejado, en las formas, por Fernanda Ramona Miño. Para el denunciante, Jeremías Rodríguez, no es así y existiría un paralelismo con Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad en la que tampoco aparece firmando contratos, directamente, pero, con sus acciones, favoreció a un grupo de empresarios amigos encabezados por Lázaro Antonio Báez.
La relación de Grabois con el FISU no surgió durante el gobierno de Alberto Fernández sino que nació en el macrismo. En octubre del año 2018 se promulgó la ley 27.453 conocida como la ley de “Régimen de regulación Dominial para la Integración Socio Urbana”. El objetivo original era urbanizar “los barrios populares a través de la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación de los lotes en los que se asentaban los mismos, para luego regularizar dominialmente y dotar de escrituras, servicios, infraestructura, conectividad y saneamiento ambiental a sus habitantes” según explica la denuncia presentada en Comodoro Py.
Todo cambió durante el albertismo. El 26 de febrero del 2020, por medio del decreto 184/20, Alberto Fernández, lanzó el impuesto PAÍS. En el ARTÍCULO 2º se asignaba específicamente el 30% al Fondo de Integración Socio Urbana –FISU-.
La creación de Grabois con el paraguas político, en el gobierno de Macri, de Carolina Stanley, Francisco Quintana y Elisa Carrió, tenía una enorme caja de recursos.
Allí aparece el nombramiento de Fernanda Miño, una militante del MTE, referente de Grabois y sin experiencia en la función pública. La torta era enorme: Más de 1000 millones de dólares.