El próximo miércoles 20 de noviembre, afiliados de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) se concentrarán frente a la sede del gremio en Buenos Aires. La manifestación, convocada por sectores internos disconformes con la conducción, tiene como objetivo expresar su malestar con la gestión de José Voytenco, quien está bajo investigación por presunto lavado de dinero, administración fraudulenta y llevar una vida de lujo.
Mientras tanto, la investigación judicial sigue en una semana decisiva: está en juego la jurisdicción del caso, actualmente en manos del juez federal Federico Villena, del Juzgado Federal de Lomas de Zamora. El equipo de asesores legales de Voytenco, un hombre oriundo de la provincia de Chaco, pugna por mover la causa desde el fuero bonaerense a los tribunales de Comodoro Py.
La investigación se intensificó luego de que la Superintendencia de Servicios de Salud analizara los registros financieros de OSPRERA, encontrando inconsistencias y un incremento considerable de la deuda. Desde septiembre de 2023 hasta marzo de 2024, la deuda pasó de $26.979 millones a $43.949 millones, a pesar de recibir múltiples aportes estatales, incluidos $3.350 millones que, según informes, nunca fueron utilizados para mejorar la situación financiera de la obra social.
Los principales perjudicados de este entramado son los afiliados del gremio, de acuerdo a las denuncias presentadas. En el escrito de la Fundación Apolo se indica que “Ivan Dario Figueroa, de 26 años, fue trabajador rural en la Provincia de Buenos Aires, hasta que fue diagnosticado con leucemia. Luego de lidiar con múltiples negativas de OSPRERA, presentó un amparo que fallo a su favor, sin embargo ‘aunque los médicos y especialistas son claros al momento del diagnóstico, la gravedad del mismo y la necesidad de un tratamiento acorde, mientras se evalúa la posibilidad de un trasplante, desde el RENATRE y OSPRERA se niegan a reconocer los derechos del trabajador, quien podría quedarse sin cobertura médica mientras lucha por permanecer con vida’”.
Por la falta de servicios se habrían contabilizado 172 demandas contra la obra social, relacionadas con medicamentos, cirugías y otros tratamientos esenciales.